Ya vienen las etiquetas de CO2
En Francia, a partir de 2011, la mayoría de los productos alimenticios exhibirán una etiqueta con su huella de carbono. Los proveedores deberán informar a los clientes sobre el volumen de dióxido de carbono (CO2) emitido en su producción. Ya hay supermercados en Europa que lo dicen, pero la medida se generalizará como lo exige, en Francia, la ley Grenelle.
Un ejemplo: un paquete de papas fritas genera una huella de 75 gramos de CO2. El resultado se descompone así: 40% en el cultivo y cosecha de las papas, la manufactura aporta 30% de las emisiones, el envoltorio suma 15%, la distribución y mercadeo 9% y, finalmente, la eliminación de la basura, 2%. A cada producto o actividad se le calcula la correspondiente huella. Ya se hace con automóviles, electrodomésticos y de modo creciente en la construcción. Así ha bajado la popularidad de ladrillos y baldosas, que requieren altos gastos de energía en su producción.
La huella de carbono es considerada una externalidad, una forma elegante de decir que nadie se hace cargo del daño que causa. Hoy, según los cálculos del Informe Stern, un sólido trabajo de investigación comisionado por el gobierno británico, cada tonelada de CO2 emitida causa daños estimados de 85 dólares (unos 44 mil pesos). Más información sobre las ideas de Stern en mi libro “Chao, Petróleo”. Las proyecciones del informe son que este valor aumentará de forma exponencial a medida que crece el calentamiento global.
Medir las emisiones de cada proceso para etiquetar el producto es complejo. Hasta ahora ciertos supermercados han adoptado el método de observar el ciclo de vida del producto. Otra forma, más práctica cuando se trata de cientos de miles de mercancías, es calcular de forma genérica según los ingredientes, el transporte y el embalaje.
Al final del proceso las etiquetas tienen un propósito: convencer al comprador que prefiera el producto más ecoamigable. Según la experiencia francesa, donde ya publican la huella de carbono, los consumidores se guían ante todo por la relación precio-calidad. Los estudios dicen que 80% de los compradores ignoran la información sobre CO2. Claro que puede cambiar con campañas educativas y si no dan resultado, ya hay quienes proponen agregar a los precios de los productos lo que corresponda al valor del CO2 emitido. Si un producto necesitó diez toneladas de CO2 para llegar a las góndolas, habría que sumarle 440 pesos a cada kilo. Así se busca incentivar a todos los actores, desde el productor hasta el vendedor, a bajar su huella de carbono. En Francia una cadena racionalizó su uso energético logrando una baja de 2% de sus emisiones. Un abastecedor reemplazó sus camiones despachadores y empleó, donde pudo, el tren logrando una baja de 20% en las emisiones.
Cualquier solución efectiva pasa porque la sociedad en su conjunto -productores y consumidores- asuma la tarea de bajar las emisiones, lo que ocurrirá cuando exista suficiente conciencia de la amenaza que representa el calentamiento global. Es probable que los eventos climáticos catastróficos vaticinados por los científicos obligarán a modificar las conductas de consumo. Los cálculos muestran que la tecnología será insuficiente para bajar las emisiones y será necesario cambiar a estilos de vida menos dispendiosos. Esto se aplica en especial a los países desarrollados y a las clases adineradas de aquellos en vías de serlo.
La Nación

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