Una pregunta curiosa: si verdaderamente los yacimientos de petróleo de Ayoluengo y alrededores son ruinosos, pobres y producen cantidades nimias de hidrocarburos pésimos, ¿porqué se siguen explotando casi medio siglo después de su puerta en marcha? Otra más: ¿Por qué la titularidad de la licencia de explotación se ha vendido y comprado en varias ocasiones a lo largo de las dos últimas décadas, en lugar de echar el cierre a la decena de pozos que se mantienen operativos?

Traten de responder y observarán que algo de lo que sucede en los gélidos páramos de La Lora no cuadra. ‘El sueño frustrado’, ‘El Dorado que no fue’ o ‘Los gozos en los pozos’ son titulares que han ilustrado durante décadas los cientos de reportajes que se han escrito sobre el abortado anhelo de que España tuviera al menos un yacimiento petrolífero en tierra firme, objetivo que el régimen pretérito persiguió ofuscado en su intento por tratar de maquillar la realidad de un país anclado y dependiente.
Es evidente que esto no es Texas y, si se comparan las producciones de Ayoluengo con las de un yacimiento en toda la regla, la comparación no se sostendría ni con unos cimientos como los de la Zona Cero. A día de hoy, en la Lora se sacan 190 barriles diarios que se destinan a las fábricas que lo compran, en Burgos y el País Vasco, para quemarlo en sus hornos. Para comparar, basta decir que los yacimientos marítimos de Tarragona y Canarias producen conjuntamente más de 30.000 barriles diarios y que todos juntos no rentan ni siquiera el 1% de la demanda nacional, así que en los depósitos internacionales mejor no entrar.
Pero las máquinas siguen ahí, impertérritas frente al paso del tiempo, sumidas en un movimiento autómata que parece advertir que, así se caiga el mundo, los brazos seguirán sacando petróleo. Del malo, pero petróleo. Pero puede que la suerte que no fue llegue ahora y su futuro nada tenga que ver con los motivos que convirtieron los páramos en carne de No-Do, en un maná devenido en pan duro para una comarca cuya belleza natural radica, precisamente, en su austeridad.

Geocárceles para el CO2

El Gobierno acaba de presentar un anteproyecto de Ley que recoge las condiciones bajo las que se regulará la captura y almacenamiento subterráneo de CO2. Eso que suena tan futurista no es sino el primer paso para implementar al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea que obliga a que todos los estados miembro desarrollen, antes del año 2014, una red de almacenes subterráneos que permitan capturar este gas, que es el principal causante del efecto invernadero y del calentamiento global, hasta que, en el futuro, la transición energética sea llevada a buen puerto y se reduzcan de forma drástica las emisiones a la atmósfera. Cuando eso suceda, los gobiernos comenzarán a liberar, de forma controlada, el gas almacenado.
Lo que se conseguirá de esta forma es dilatar en el tiempo el proceso de calentamiento global y, sobre todo, tratar de no alcanzar límites intolerables por el planeta. Pero la UE ha ido más allá y, sabedora de que si no hay negocio no hay interés, ha planteado la captura de forma que, en un futuro inmediato, ésta sea lo suficientemente rentable como para ser viable.
Emitir CO2 a la atmósfera no es gratuito. Cada agente emisor tiene un cupo máximo anual y, si lo supera, tiene que comprar el excedente a otros que no lo hayan alcanzado. Aunque se trata de un mercado volátil y sujeto a infinidad de variables, el coste de ‘comprar’ el derecho a emitir una tonelada de CO2 de más es de unos 30 euros. Así, si una empresa sobrepasa su cupo en 100.000 toneladas, tendrá que pagar 3 millones de euros a otras que no hayan gastado su crédito para contaminar.
Pero si esas empresas pudieran capturar el CO2 en lugar de emitirlo y pagar por ello una cantidad inferior a la de emisión, quien esté en posesión de la licencia para almacenar CO2 en la corteza terrestre tendrá una mina. Y resulta que gracias a los condicionantes geológicos que requieren los suelos en los que definitivamente se implanten estos ‘sumideros’ (ver reportaje de las páginas siguientes a estas), La Lora es el lugar ideal para implantar esta tecnología. Y sus propietarios lo saben.

En negociación

En la actualidad, los yacimientos burgaleses pertenecen a la empresa inglesa Leni Gas & Oil, que los explota a través de la Compañía Petrolífera de Sedano. El director del campo, Ernesto Pozas, confirma a este periódico que «ya se han iniciado las negociaciones con el Ministerio» (de momento el desarrollo de esta tecnología está supervisada al alimón por Industria y Medio Ambiente) para implantar el sistema.
«Sabemos que La Lora es uno de los dos mejores lugares que hay en toda España para almacenar CO2. Este subsuelo ha demostrado que durante decenas de miles de años ha retenido petróleo y gas y eso es la prueba más firme de que los compartimentos son estancos y garantizan que no habrá fugas del dióxido de carbono, que es un gas contaminante», añade Pozas. Pero las conversaciones con los ministerios, de quienes la compañía espera una respuesta «en octubre o noviembre» y con los que se reunirá en cuanto termine el verano, van todavía más allá. O al menos lo pretenden.
Leni Gas & Oil pondrá también encima de la mesa otra posibilidad: «almacenar gas natural como reserva nacional». La cuestión es simple: al suelo de la Lora se le han arrebatado a lo largo de cinco décadas más de 17 millones de barriles de petróleo. El espacio que deja el líquido elemento permitiría inyectar en él otros elementos, como el gas natural. «Se puede crear una reserva de gas. Así podríamos meterlo en abril, y sacarlo en noviembre, por ejemplo», explica Pozas.
De esta forma, se crearía una reserva extra que permitiría cortar la dependencia de las importaciones durante unas semanas en el caso, probable, de que conforme se vayan extinguiendo las reservas de hidrocarburos y el mercado vaya siendo gravado, se produzcan situaciones de inestabilidad en los mercados internacionales. «No es mucho, pero sí puede ser una solución a problemas puntuales que, como ya hemos visto, existen», añade el director de la explotación.

Disparar la producción

Cualquiera de estas dos alternativas tendría, además, un efecto positivo sobre los costes de explotación del ‘petróleo burgalés’ que da la respuesta a la pregunta con la que se abrían estas líneas. Es cierto que el petróleo que se obtiene en Ayoluengo es de mala calidad y que no se ha explotado intensivamente porque destrozaba las refinerías en el proceso de purificación.
Pero también lo es, y eso no lo cuestiona nadie, que los 17 millones de barriles de petróleo extraídos hasta la fecha no representan más que el 15% de las reservas que hay en los yacimientos, calculadas en no menos de 130 millones de barriles. En declaraciones recientes al rotativo Expansión, el director de operaciones de la compañía propietaria, Fraser Pritchard, advirtió que, lejos de abandonar Ayoluengo, su compañía, que pagó dos millones de euros por los yacimientos, pretende incrementar el ritmo de extracción hasta los 2.500 barriles diarios.
«En la actualidad, el coste de extracción de cada barril en Ayoluengo es de 25 dólares, pero si se incrementara la explotación, a partir del barril número 1.000 el coste bajaría a los cinco dólares», explicó Pritchard al diario económico. Con esa producción, y al precio actual de 60 dólares el barril, Leni Gas & Oil alcanzaría una facturación en Ayoluengo superior a los 50 millones de dólares, unos 38 millones de euros, y se convertiría así en una de las 50 mayores industrias de la provincia por volumen de facturación.
Además, la tecnología para refinar el crudo ya ha avanzado de tal forma que incluso la mala calidad del petróleo de La Lora dejaría de ser un problema. Pritchard aseguró a Expansión que la empresa tiene firmado un contrato con la refinería de Petronor que Repsol tiene en Vizcaya para enviar allí la producción.
Si esa predicción se cumple, el camino para almacenar dióxido de carbono, o gas natural, quedaría todavía más allanado. Como es sabido, el petróleo se obtiene inyectando agua en los depósitos naturales que retienen cautivo al petróleo forzando al hidrocarburo a salir a la superficie. Pero el agua inyectada se puede sustituir por otros elementos, como el CO2 líquido o el gas, permitiendo una mayor optimización del rendimiento de la producción que aportaría «unos cinco millones de barriles adicionales».
Cabe recordar que Leni Gas & Oil es una empresa especializada en sacar rentabilidad a yacimientos de hidrocarburos que se consideran agotados o poco rentables y con este planteamiento demuestra que a La Lora, quién lo diría, le queda mucho recorrido y puede convertirse en un negocio muy rentable al que otros no le vieron salida. Sacaría más crudo, lo pondría en el mercado obteniendo una rentabilidad considerable y, al tiempo, almacenaría CO2 y cobraría por hacerlo. Y para demostrar que van en serio, Pritchard ya ha hecho público un preacuerdo con el Ministerio de Industria para desarrollar esta tecnología.

Diario de Burgos – España

La velocidad de deshielo es apreciable a simple vista en cuestión de días y mientras que la mayoría de glaciares avanza hacia el mar a razón de unos 50 metros al año, el de Helheim lo hace a una velocidad de 30 metros diarios. La expedición de Greenpeace en el Ártico está monitorizando algunos de estos glaciares, entre los que se encuentra el de Helheim, cuya parte frontal se sitúa en el fiordo de Sermilikad y que es responsable de la estabilidad del 6% del manto polar ártico.

El equipo de glaciólogos que se encuentra en el buque de Greenpeace, encabezado por el doctor Gordon Hamilton de la Universidad de Maine, baraja diferentes causas que pueden estar contribuyendo a este fenómeno además del aumento de las temperaturas, una de ellas es la presencia de aguas cálidas subtropicales que recientemente se ha detectado en el fiordo de Sermilikad.

Para Greenpeace estos datos son más que preocupantes porque la estabilidad del manto polar ártico depende en gran medida de la conservación de los glaciares. Además, la organización recuerda que el fenómeno de aceleración del derretimiento del hielo Ártico no se encuentra recogido en el cuarto informe del IPCC sobre cambio climático por lo que advierte que las predicciones de aumento del nivel del mar del IPCC podrían quedarse cortas.

“Para evitar que las temperaturas aumenten más de dos grados y pongamos en riesgo el deshielo del Ártico, hay que reducir un 40% las emisiones de los países desarrollados” ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace que ha formado parte de la expedición.

La participación española en la expedición que Greenpeace realiza este verano en el Ártico ha terminado con una llamada de atención a los líderes políticos mundiales, para que no desaprovechen la oportunidad de detener el cambio climático a tiempo: la cumbre climática de Copenhague. “La crisis climática exige acción urgente y los líderes políticos mundiales, incluido Rodríguez Zapatero, deben estar a la altura, no pueden permitirse pasar al a historia como la generación de mandatarios que podía haber frenado el cambio climático pero no supo hacerlo” ha concluido Vila.

Por su lado, Hugo Morán, parlamentario y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso, que ha participado en la expedición, ha resaltado los efectos transversales del cambio climático, que él define como una “crisis global” y ha asegurado que “no tomar una decisión contundente en cuanto a reducción de emisiones en Copenhague significaría una auténtica catástrofe en términos económicos para sectores clave en la economía española que ya están notando los impactos del cambio climático como el turismo o el sector agroalimentario”.

Portal del Medio Ambiente

Además, se prevé que durante los próximos veinte años continúen formándose agujeros de ozono de similar intensidad a la de los últimos años.

En cuanto al agujero de ozono del año 2008, alcanzó su máxima extensión el 12 de septiembre con una superficie de 27 millones de kilómetros cuadrados (algo mayor que la extensión de América del Norte).

Esta extensión es mayor que la del año precedente pero menor que la del 2006, cuando se produjo la mayor extensión del agujero de ozono obtenida hasta la fecha (29 millones de kilómetros cuadrados).

El año 2008 figura como el cuarto año en cantidad y extensión de ozono destruido desde 1999.

En cuanto al agujero de ozono antártico de 2009, los primeros datos muestran que la destrucción ha comenzado antes de lo usual, debido a una disposición de la masa de aire antártica menos concéntrica que otros años, pero más elongada, lo que hace que esté más expuesta a los primeros rayos solares.

A expensas de que la llegada del sol a la Antártida después del invierno austral acelere la destrucción de ozono, es prematuro dar una previsión de la evolución del agujero, aunque la extensión permanece muy similar a la del año pasado.

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Incluso con el retraso, el presidente de la Cámara alta Harry Reid “confía plenamente en que el Senado tenga mucho tiempo para considerar esta extensa legislación sobre el clima y energía limpia antes del fin de año”, declaró el portavoz Jim Manley.

La presidenta de la Comisión de Medioambiente y Obras Públicas del Senado, Barbara Boxer, y el jefe del panel de Relaciones Exteriores, John Kerry, tenían la intención de presentar la ley la próxima semana, cuando la Cámara alta regrese a sus funciones luego de un mes de receso.

El retraso, declararon, está relacionado a que el Senado está enfocado en la legislación del sistema de salud, que ha estado batallando en el Congreso, así como la muerte del senador demócrata Edward Kennedy la semana pasada y la cirugía de cadera a la que Kerry fue sometido este mes.

El anuncio marcó la segunda vez que el controversial proyecto de ley sobre el cambio climático es aplazado en el Senado.

El 9 de julio, Boxer superó el plazo de inicios de agosto para que la comisión terminara de redactar la ley que pondría a Estados Unidos en camino a reducir sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

Cuando se anunció ese primer postergamiento, Reid puso como fecha límite el 28 de septiembre para que varias comisiones escriban sus partes la ley del cambio climático, en preparación para un debate completo en el Senado durante octubre.

Ahora, con fines de septiembre como meta para presentar la ley, podría tomar muchas más semanas para aquellas comisiones considerar la ley.

Los partidarios de legislar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de fábricas y operadores de servicios básicos quieren avances significativos para diciembre, cuando se realizará un encuentro de Naciones Unidas en Copenhague para establecer una vía a nuevos controles globales.

En junio, la Cámara de Representantes aprobó estrechamente una ley que reduciría las emisiones de carbono de Estados Unidos en un 17 por ciento para el 2020, desde los niveles del 2005. Boxer declaró que le haría algunos “ajustes” a esa ley.

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